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Una inusual querella inmobiliaria con dinero ‘negro’, amenazas y falsificaciones de por medio. 220 cooperativistas de Vitoria han denunciado a tres personas relacionadas con la promotora Gestnorte XXI por los presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental y por llevar a cabo diversas irregularidades societarias, así como «coacciones graves». La polémica afecta a los propietarios de 500 pisos situados en diversos sectores de Salburua y Zabalgana, tal y como adelanta la revista Dato Económico en su último número. 90 de estos adjudicatarios son, precisamente, los vecinos de dos de las ocho polémicas torres de la plaza porticada de Mariturri.
La denuncia global está firmada por integrantes de las cooperativas de vivienda Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, aunque, además, el documento alude a que los miembros de la sociedad Arrieta también han sufrido «los mismos problemas». En resumen, y siempre según estas familias, los denunciados pertenecían a un «entramado» en el que las mismas personas creaban y controlaban las cooperativas, sus gestoras e incluso las firmas de construcción y arquitectura a las que al final encargaban la edificación de las viviendas y la dirección técnica de las obras. Eso permitía que los denunciados «se autocontrataran» con «precios desorbitados» en su propio beneficio, según el escrito del letrado.
Según explica la denuncia, el proceso se repitió de una forma casi calcada. Los denunciantes se inscribieron a una cooperativa y llegaron hasta la sociedad limitada Gestnorte XXI donde «habían oído» que se podían apuntar. Tras entregar una suma de dinero ‘negro’ «sin obtener recibo alguno», fueron adscritos y se les adjudicó una vivienda. La información durante las obras fue «escasa», no se realizaban asambleas y se firmaban documentos «bajo amenaza» de perder el piso y el dinero entregado.
«Falsificaciones»
El escrito alude a diversas irregularidades e incluso a situaciones «kafkianas» que hicieron sospechar a los cooperativistas y que provocaron la investigación del letrado. Entre ellas, documentos «manipulados», maniobras mercantiles «para que todo quedara en casa», sobreprecios de pisos -en el caso de Gardiluya, en Salburua- firmas «falsificadas» e incluso presuntos cooperativistas «en su mayor parte extranjeros», que pretendían acceder en las asambleas «con instrucciones concretas bajo la supervisión de Gestnorte».
El documento también dice que se han dado casos de presuntos concursos de obras en los que «se falsearon ofertas» de constructoras, así como de «maniobras» para evitar que se firmen las escrituras.

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