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DNA Pagan los mismos impuestos que los vitorianos de la capital, pero les cunde muy poco. O nada. Los habitantes de los concejos están hartos de que el Ayuntamiento focalice sus mimos en la ciudad y descuide a la zona rural, la eterna olvidada de quienes atiborran sus discursos con la promesa de mejorar la calidad de vida en todo el municipio. Para colmo, esos gasteiztarras “de segunda”, como ellos mismos se llaman, ni siquiera exigen las comodidades que abundan en el núcleo urbano. Casi todas sus demandas son sonrojosamente básicas, como la reforma de las redes de saneamiento o el acceso al gas natural. Y, sin embargo, algunas de esas exigencias llevan hasta diez años guardadas en el baúl de los recuerdos. Menos mal que a ellos no les falla la memoria. Ni tampoco el ánimo para repetir, una y otra vez, sus principales reclamaciones, las históricas, las elementales, las urgentes. Incluso ahora que parecen enfrentarse a una nueva era, más esperanzadora, con la llegada del PSE al Ejecutivo local. Dicen que, por fin, se ha abierto “un resquicio” tras soportar durante demasiado tiempo una pelea “contra puertas cerradas”. El tiempo dirá si esa pequeña rendija, plasmada en los presupuestos de 2008, es el primer paso en la resolución de sus problemas.

obras integrales en los pueblos

Siete localidades a la espera

Está claro. Las promesas, si son verbales, se las puede llevar el viento. La presidenta del Consejo de Zona Rural, Miren Fernández de Landa, asegura que el anterior Ayuntamiento garantizó que ejecutaría “dos o tres obras integrales en los concejos al año”. La realidad revela que, desde 2005, todos los proyectos se encuentran paralizados. Y el Consistorio siempre ha esgrimido un motivo para explicar esta situación: que poner en marcha muchos de los trabajos exige que los vecinos cedan voluntariamente parte de sus terrenos, cuestión a la que se opone la mayoría. Las juntas administrativas alegan que, antes que una expropiación, hay que valorar otras fórmulas, como las obras parciales o la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

Precisamente este último punto es uno de los ejes de las reivindicaciones del Consejo de Zona Rural. “A veces, lo que dice el Plan General para la ciudad no es lo que se necesita en los pueblos. Por ejemplo, que una calle de determinadas características mida un mínimo de catorce metros cuando nadie pasa por ahí”, explica Fernández de Landa, quien asegura que el Consistorio ha solicitado cesiones para desarrollar obras integrales “con poco sentido común”, como “entregar la parte delantera de la casa”. Lo terrible es que, mientras ambas partes mantienen ese brete, el estado de algunas localidades es ya penoso.

En este momento, siete concejos siguen en la lista de espera para someterse a una intensa operación quirúrgica: Argandoña, Mandajona, Ullibarri-Ibiña, Miñano Menor, Legarda, Artaza y Estarrona, cuyos vecinos sufrieron hace muy poco una plaga de ratas por culpa de su tercermundista red de saneamiento. Zumeltzu también estaba en ese ranking, pero el PSE lo ha rescatado gracias a una partida presupuestaria de alrededor de dos millones de euros que ejecutará en 2008.

transporte público

40 concejos sin autobús

Los vecinos de 40 de los 63 concejos de Vitoria se las tienen que ingeniar cada día para trasladar a sus hijos de Bachillerato al instituto, acudir al ambulatorio o hacer la compra de la semana. No disponen de autobús. Y eso a pesar de que hace más de diez años que reclaman al Ayuntamiento un servicio que les permita desplazarse hasta la ciudad sin tener que recurrir al coche. En este momento, el transporte de Tuvisa sólo llega a Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Astegieta, Betoño, Ali y Gobeo. Y las líneas regulares de compañías privadas acceden hasta Aberasturi, Andollu, Arkaute, Argandoña, Ascarza, Bolivar, Elorriaga, Gamarra Mayor, Gamiz, Ilarraza, Matauko, Miñano Mayor, Monasterioguren, Otazu, Ullibarri-Olleros y Ullibarri-Arrazua.

“El PSE dijo que no podía haber ciudadanos de primera y segunda dependiendo de donde vivan, así que exigimos una solución”, recuerda la presidenta del Consejo de Zona Rural, quien nunca ha solicitado imposibles, como la habilitación de un vehículo de Tuvisa que recorriera los concejos. “Los pueblos están diseminados y tienen muy poca población. Somos conscientes de que no tiene sentido un autobús fantasma, como el del Casco Viejo”, señala. Pero sí tiene lógica disponer de un medio para desplazarse que suponga a estos vecinos el mismo coste que al residente de Lakua que desea ir al centro. Por suerte, Tuvisa ya está estudiando una medida que responde a esa necesidad, el bonotaxi.

De acuerdo con esta iniciativa, el Ayuntamiento pondría a disposición de los habitantes de los concejos unos tickets al mismo precio que los bonos de autobús. Y el taxi acudiría a la localidad del demandante que así lo solicitara y “acercaría al vecino a la parada más próxima de Tuvisa”. A la vuelta, el sistema sería el mismo. “El vecino volvería a la parada donde le dejó el taxi y, desde allí, regresaría a casa”, explica Fernández de Landa. Eso sí, ese vehículo sólo estaría a disposición de los usuarios en el mismo horario que el servicio de Tuvisa. Ahora, la zona rural confía en que el Consistorio ponga en marcha esta medida.

crecimiento vegetativo

VPO para los jóvenes

“Si en la ciudad consolidada existe el problema de la vivienda, en la zona rural éste es aún mayor”, denuncia Fernández de Landa. El consejo que preside defiende la necesidad de evitar la inmigración de los jóvenes a la capital, un fenómeno creciente que acarrea “un gran desarraigo y la pérdida de las tradiciones”. Sin embargo, acabar con la huida masiva de las nuevas generaciones sólo es posible modificando algunas de las condiciones que, en la actualidad, impiden utilizar ese suelo para la edificación.

La presidenta propone, entre otras cosas, la recalificación de los terrenos para que puedan construirse en ellos pisos así como la construcción de VPO. Tampoco descartan la posibilidad de que se pueda cambiar el uso de almacenes, garajes o txokos para habilitarlos como viviendas. “Por supuesto, también hay que definir unos criterios para que las casas no sirvan para especular”, matiza Fernández de Landa, quien espera reunirse en breve con el Ayuntamiento para poner en marcha un informe, el primer punto de partida para que los chavales que residen con sus familias en las juntas administrativas del municipio puedan independizarse sin tener que despedirse de su vida.

plan de nevadas

Seguro para los tractoristas

Cuando la nieve sepulta la capital alavesa, los habitantes de las juntas administrativos mantienen la tranquilidad. En los concejos, son los vecinos tractoristas quienes se encargan de mantener abiertos los accesos y limpiar las calles. “Y lo hacen mejor que en la ciudad, porque ellos están mirando por la ventana a las tres de la mañana”, asegura Fernández de Landa.

Todos funcionan a la perfección, tanto los agricultores de las ocho circunscripciones que disponen de maquinaria municipal como los de las tres zonas que deben usar sus propios vehículos. No obstante, la presidenta del Consejo de la Zona Rural agradece que, por fin, el Ayuntamiento haya habilitado una partida, que asciende a 10.500 euros, para adquirir tres cuchillas quitanieves.

El PSE ha respondido a esa demanda histórica, pero ahora se enfrenta a una nueva petición. Los concejos han exigido al equipo de gobierno que contrate un seguro para los tractoristas que realizan esta loable labor varias veces al año. De momento, según Fernández de Landa, el Ayuntamiento se ha negado “por el coste que supone” y estudia la posibilidad de subcontratar a una compañía privada para desarrollar esos trabajos. Las juntas administrativas no quieren. “Con ese servicio saldremos perdiendo y no creemos que sea menos costoso, porque el agricultor sólo cobraría cuando saliera a la calle”, sostiene el Consejo de Zona Rural.

representación ciudadana

Un concejal de Zona Rural

Las juntas administrativas siempre han reclamado un concejal dedicado en exclusiva a la zona rural, a 15.000 vitorianos. Y la respuesta del Ayuntamiento también ha sido siempre la misma, con el PP y con el PSE: el número de ediles del equipo de gobierno es insuficiente para crear esa cartera. En la nueva legislatura, los concejos cuentan con el edil Peio López de Munain, un hombre “con gran disponibilidad y poco tiempo libre”, ya que también se encuentra a cargo del Departamento de Asuntos Sociales. Así que, pese a la firme posición del Consistorio, el Consejo de Zona Rural mantiene su exigencia. Argumentos no le faltan. “Vitoria es uno de los municipios más grandes de Europa y los concejos tienen un carácter institucional”, recuerda Miren Fernández de Landa.

Precisamente esa peculiar personalidad política de las juntas es lo que lleva al Consejo de Zona Rural a elevar una segunda petición: una mayor capacidad de decisión. “Somos ayuntamientos, por lo que el Consistorio debe darnos la representatividad que nos merecemos”, sostiene Fernández de Landa, quien apuesta por cambiar el reglamento de participación ciudadana para que los acuerdos sobre asuntos estratégicos no queden, como hasta ahora, en manos del gobierno.

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