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El Correo Español.

Ocho asociaciones de vecinos de Vitoria denunciaron ayer el «gran chantaje» realizado, a su juicio, por varias cooperativas de vivienda de Vitoria vinculadas a inmobiliarias que exigen a sus socios «sobreprecios» de entre 24.000 y 90.000 euros por sus pisos protegidos, que por ley deben costar unos 120.000 euros. Según explicaron, numerosos adjudicatarios de pisos de VPO les han pedido ayuda porque sus cooperativas «les obligan» a pagar los bajos comerciales de los edificios, una práctica conocida. Este dinero revierte de nuevo en los vecinos tras la venta de las lonjas, pero los denunciantes tacharon esta práctica de «estafa» porque «por si fuera poco les piden precios de hasta 6.000 euros el metro».

Los colectivos que lideran la protesta -Gasteiz Txiki, Zazpigarren Alaba, Judimendikoak, El Mineral, Betiko Gasteiz, Bizigarri, Errota Zaharra y Erreka Txiki- pedirán la comparecencia del alcalde Alonso y el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, así como la apertura de una investigación en el Ayuntamiento. Después acudirán a los tribunales «para que la Fiscalía investigue este escándalo, que afecta a 2.000 personas desde 2001 y ha supuesto una estafa de 60 millones de euros como mínimo», exclamó el portavoz vecinal, Guillermo Perea.

Los colectivos aclararon que existen «coacciones» para que los cooperativistas se sientan obligados a participar en la compra de las lonjas. De lo contrario, «les dicen que se quedan sin vivienda, y lo más grave es que esto tiene un ropaje legal», afirmó Perea.

El portavoz vecinal agregó que estas prácticas se unen con «otras fórmulas» para exigir sobreprecios en los pisos protegidos, entre ellas «pedir dinero negro» a los futuros dueños de las casas.

Gobierno vasco

Por contra, expertos urbanísticos y promotores de cooperativas consultados por este periódico no comprenden la razón de estas denuncias. Aseguran que «los cooperativistas son dueños de toda la parcela, así que deben asumir y costear toda la promoción», lo que incluye las lonjas, «y eso deberían saberlo».

Por su parte, portavoces del Gobierno vasco afirmaron que «no hay un documento que obligue a comprar las lonjas, pero la compra suele acordarse en las asambleas de los cooperativistas».

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