EITB.

La denuncia, presentada por un funcionario municipal, afirma que el primer edil y el concejal de Hacienda han perdonado deudas tributarias a 18 bancos y a la empresa Michelín, según informa una revista económica.

Un juez de Vitoria-Gasteiz investiga una denuncia contra el alcalde de la capital alavesa, Alfonso Alonso, y su concejal de Hacienda, Javier Maroto, por su supuesta pasividad a la hora de cobrar parte del impuesto de actividades económicas (IAE) a 18 bancos y a Michelin, ha informado hoy la revista Dato económico.

La denuncia fue presentada por un funcionario municipal el pasado 20 de septiembre en Madrid, ante la Fiscalía Anticorrupción. Ésta la trasladó al fiscal jefe de la Audiencia provincial de Álava, quien a su vez la presentó ante el juzgado de instrucción número tres, que dirige la juez Beatriz Román.

El funcionario les ha denunciado por un presunto delito de prevaricación, al entender que han dejado prescribir deudas originadas de 1998 al 2001.

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Errotako Gazte Asanblada. Hala Bedi Irratia.

Errota Zaharra, Gasteizko Alde Zaharraren ondoan dagoen auzoa da, 50. hamarkadan eraikitakoa. Garai batean hiriko gazte mugimenduaren ikurra bazen ere, egun, arlo askotan gazteentzako dagoen eskaintza oso murritza da . Hala ere, oztopoak oztopo bertako gazteek auzoa berpizteko gogoekin ibili dira beti, Errota Bizirik kolektiboan parte hartuz, auzoko presoen aldeko ekintzak burutuz, auzoko festetan parte hartuz etab.

Auzo honek dituen hutsuneak betetzeko asmoarekin Errotako Gazte Asanblada sortu zen orain dela urte gutxi. Jabego pribatuaren gainetik, lokal autogestionatu baten beharrean, auzoan egon diren azkeneko okupazioetan parte hartu izan dute, Gasteiz mailan okupazio arloan erreferente bilakatuz. Errepresioak gogor kolpatu ditu auzoko gazteak atxiloketa, epaiketa eta isunekin, hala ere, Errotako Gazte Asanbladak aurrera dirau oztopo guztien gainetik.

Horren adibide azken ostiral honetan auzoko Dardara tabernan egin zuten kontzertua, gazte lokal baten beharraren aldarriarekin. 21:00etan hasitako kontzertuan Ankerrak eta The Dogs of The Black Foot taldeek jo zuten, aparteko giroa eta aldarri ozena entzun zena gau hartan, ERROTAK LOKAL AUTOGESTIONATUA BEHAR DU!!.

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GARA.

El fraude podría ascender hasta los 60 millones de euros, según las asociaciones de vecinos que han denunciado el chantaje al que se ven sometidos los cooperativistas a los que se obliga a comprar las lonjas de sus inmuebles. Piden que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad.

Integrantes de ocho asociaciones de vecinales de la capital alavesa han denunciado un supuesto fraude que se lleva a cabo en las viviendas de protección oficial que se están construyendo en Salburua y Zabalgana y que, según han concretado, afecta a más de 2.000 pisos.

Las asociaciones que se han agrupado para hacer pública su denuncia -Gasteiz Txiki, Zazpigarren Alaba, Judimendikoak, El Mineral, Betiko Gasteiz, Bizigarri, Errota Zaharra y Erreka Txiki¯ afirman que los cooperativistas son obligados a adquirir los bajos comerciales de las viviendas «y a un precio muy superior al del mercado». A modo de ejemplo, explicaron que si un metro cuadrado de un bajo viene costando unos 1.200 euros, «les están cobrando 6.000 euros o más». Critican que los cooperativistas son chantajeados con perder su vivienda si no acceden a pagar el sobreprecio, «que como media asciende a unos 30.000 euros, pero en algunos casos alcanza los 60.000». De este modo, las asociaciones denunciantes afirman que el montante total de la estafa podría ascender hasta los 60 millones de euros, «un escándalo para esta ciudad».

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EITB.

Unos mil cooperativistas aseguran que varias cooperativas, fruto de alianzas entre inmobiliarias y promotores les obligan a pagar más que el precio marcado por la ley. Piensan poner el asunto en manos de la Fiscalía.

Varias asociaciones de vecinos de Vitoria-Gasteiz han denunciado una presunta estafa de viviendas de VPO en régimen de cooperativas.

Los perjudicados, unos mil cooperativistas, aseguran que se les obliga a pagar más por su vivienda, por lo que pondrán el asunto en manos de la Fiscalía.

Las asociaciones vecinales denuncian que varias cooperativas, fruto de alianzas entre inmobiliarias y promotores, están obligando a los adjudicatarios a comprar la vivienda y también los bajos de estos edificios a un precio muy superior al marcado por la ley.

Aseguran que coaccionan a los vecinos diciéndoles que o pagan el precio fijado o se quedan sin vivienda de protección.

Los vecinos han solicitado comparecer en la próxima comisión de urbanismo y hacerlo ante el alcalde y el concejal del área, conocedores, según dicen, de estos hechos. Acudirán, además, a la Fiscalía para solicitar que se abra una investigación.

Ante la solicitud de los vecinos para que el alcalde Alfonso Alonso y el concejal de urbanismo Jorge Ibarrondo den explicaciones al respecto, el Ayuntamiento responde que las viviendas de protección oficial son competencia del Gobierno vasco, aunque admite que corresponde al Ayuntamiento la vigilancia.

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El Correo Español.

Ocho asociaciones de vecinos de Vitoria denunciaron ayer el «gran chantaje» realizado, a su juicio, por varias cooperativas de vivienda de Vitoria vinculadas a inmobiliarias que exigen a sus socios «sobreprecios» de entre 24.000 y 90.000 euros por sus pisos protegidos, que por ley deben costar unos 120.000 euros. Según explicaron, numerosos adjudicatarios de pisos de VPO les han pedido ayuda porque sus cooperativas «les obligan» a pagar los bajos comerciales de los edificios, una práctica conocida. Este dinero revierte de nuevo en los vecinos tras la venta de las lonjas, pero los denunciantes tacharon esta práctica de «estafa» porque «por si fuera poco les piden precios de hasta 6.000 euros el metro».

Los colectivos que lideran la protesta -Gasteiz Txiki, Zazpigarren Alaba, Judimendikoak, El Mineral, Betiko Gasteiz, Bizigarri, Errota Zaharra y Erreka Txiki- pedirán la comparecencia del alcalde Alonso y el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, así como la apertura de una investigación en el Ayuntamiento. Después acudirán a los tribunales «para que la Fiscalía investigue este escándalo, que afecta a 2.000 personas desde 2001 y ha supuesto una estafa de 60 millones de euros como mínimo», exclamó el portavoz vecinal, Guillermo Perea.

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Diario de Noticias.

Representantes de ocho asociaciones de vecinos denunciaron ayer públicamente una presunta “estafa” de viviendas de protección oficial que, en su opinión, se está dando en Salburua y Zabalgana desde el año 2001 y afecta a 2.000 pisos. El dinero estafado alcanza los 60 millones de euros, según los cálculos del portavoz vecinal Guillermo Perea.

Los “estafadores”, que actúan bajo el manto de la legalidad, son -según los denunciantes- una quincena de cooperativas ligadas directamente a empresas constructoras e inmobiliarias. Los estafados, los adjudicatarios de las casas, a quienes “amenazan” con dejarles sin vivienda si no abonan más dinero del establecido para la VPO. El modus operandi más común, el “chantaje”. Según explicaron los denunciantes, les obligan a comprar los bajos comerciales a un precio “desorbitado”. Otra fórmula suele ser la entrega de dinero negro.

“Lo que ha ocurrido desde el año 2001 en Vitoria es muy grave; no se puede consentir que constructores-inmobiliarios, constituidos en cooperativas, puedan decidir un incremento del precio que la ley fija para la VPO”, censuró Perea, quien se mostró dispuesto a acudir a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto.

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